Poder Judicial le da la espalda a la población: ordena reabrir el clausurado bar Mi Facultad

•En el Coprosec se comprometió a trabajar por la seguridad, pero hace lo contrario.

•Vecinos indignados critican incoherencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Los vecinos de las urbanizaciones aledañas al controvertido bar denominado Mi Facultad, ubicado en la avenida Víctor Larco 1065, han criticado severamente la incoherencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ya que mientras en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Trujillo se ha comprometido a trabajar para mejorar la seguridad de la población, en la práctica hace todo lo contrario, ya que acaba de disponer la reapertura del referido establecimiento, a pesar de estar comprobado de que su funcionamiento aumenta los niveles de inseguridad de la población y atenta contra la paz, la tranquilidad y la salud de los vecinos.

Esta actitud de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha quedado en evidencia al ordenar con extraña celeridad, a través de la Resolución dos del Cuarto Juzgado Civil, de fecha 21 de junio de 2016, la reapertura del bar Mi Facultad, que después de un largo proceso administrativo y judicial fue clausurado por la Municipalidad Provincial de Trujillo el pasado 18 de mayo, obedeciendo a una medida cautelar provisional de efecto inmediato.

Sin embargo, tras un mes de haberse cerrado una vez más este local, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha dispuesto, “Declarar fundada la solicitud de medida cautelar innovativa efectuada por la sociedad Mi Facultad SAC”, según reza el acta levantada por los representantes ediles y de la referida empresa, en cumplimiento al mandato judicial.

En la diligencia, realizada poco antes de las cinco de la tarde de este miércoles, han participado por la comuna provincial el encargado de la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, Manuel Marcelo Velasco, y el subgerente de Licencias y Comercialización, Claudio López Benites, con el apoyo de agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo; y por la empresa litigante, el abogado Fernando Calderón Burgos, quienes han constatado el retiro de los carteles de clausura fijados en la parte superior de la fachada del local y han programado para este jueves la remoción de dos bloques de concreto colocados junto a la puerta principal del negocio para impedir la reapertura.

Esta decisión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha causado gran indignación entre la población trujillana, de manera particular de los vecinos de las urbanizaciones cercanas al negocio, ya que ellos son los más afectados por su funcionamiento, y a la vez ha dado motivo a ácidos comentarios sobre el poder e influencia que ejerce el propietario del bar ante el Cuarto Juzgado Civil y otras salas de la institución encargada de administrar justicia en la región.